Las pruebas son nulas porque la policía entró sin orden judicial ni permiso del inculpado en su casa

Mercè Molist
Uno de los mayores casos de "phreaking" -usar el teléfono gratis para hacer llamadas de larga distancia, saltar de una centralita a otra o conectarse a BBS’s- conocidos en España se acaba de resolver a favor del acusado por la mala actuación policial en su detención, hecho que destaca expresamente la sentencia.
Fue en la mañana del 21 de enero de 1995, JMRS, 24 años y aficionado a la informática, andaba en pijama por su casa cuando tres agentes de la Policía Nacional, acompañados de un empleado de Telefónica, llamaron a su puerta: "Eran unos chulos. Prácticamente nos empujaron a mi mujer y a mí. Les pedí si tenían orden judicial y dijeron que no hacía falta, se metieron a mirar los armarios y se nos llevaron a mí y al vecino. Me encerraron con yonquis y delincuentes de verdad y me dijeron que encerrarían también a mi mujer, si no lo reconocía".
Lo que JMRS debía reconocer era que, entre abril de 1994 y febrero de 1995, alguien había defraudado a Telefónica de España 19.721.668 pesetas, utilizando una línea sólo para empleados de la compañía -el par piloto que está en los terrados de los edificios-, desde la que se hicieron conexiones de hasta más de una hora a Detroit, New York, Desmoines, Ioha, Michigan, Maryland, etc. En aquellos tiempos, el "phreaking" estaba en su apogeo en Estados Unidos, aunque en España pocas personas lo practicaban.
"Vieron que tenía cuatro líneas de teléfono y decidieron que tenía que ser yo", se queja JMRS. La sentencia de su caso, dictada el pasado 7 de setiembre, declara nulas las pruebas encontradas, por haberse producido una "vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", ya que ni el inculpado dio su permiso para que los policías entraran, ni había autorización judicial. Además, el propio juez destaca la "actitud altiva" de los agentes y el hecho de que el acusado y su mujer "resultaron engañados por éstos", porque no les avisaron que les iban a registrar la casa.
Según Carlos Sánchez Almeida, abogado de JMRS, "lo importante de esta sentencia es que, aunque los cuerpos de seguridad no siempre actuan respetando los derechos garantizados por la Constitución, es de agradecer que el tribunal haya restablecido la legalidad, hecho muy importante en otros casos de pirateo -hacking, phreaking, warez-, en que el delito se comete en casa y se vulneran derechos fundamentales". Por suerte, añade: "La mayor parte de las veces la policía lo hace bien, pero hay casos..."
 
 

AMENAZAS Y COACCIONES

Los diferentes tipos de pirateo informático o telefónico tienen algo en común: se hacen desde casa. En consecuencia, la policía debe entrar en los domicilios para investigar y aquí empiezan los problemas. Lo destaca Sánchez Almeida: "Muchos registros se hace sólo en base a la autorización del acusado, sin asistencia del letrado". Al ser chicos jóvenes -de entre 15 y 25 años-, pocos conocen sus derechos y a veces se les amenaza para asustarlos.
Lo demuestran los textos de algunos casos que aún están en el juzgado y a los que ha tenido acceso Ciberp@is: "La policía le dijo que si les permitía la entrada en el domicilio por las buenas para recoger el material o que si no lo harían por las malas, (...) señalando que si no colaboraba llevarían también a su novia a la comisaría".
Pero el caso más fuerte es el de JMG, quien "durante los tres días que ha estado en los calabozos de la comisaría se ha sentido en todo momento intimidado y vejado por parte de los inspectores de policía. Que las vejaciones han consistido en insultos, someterle a preguntas durante el día sin presencia del letrado, con insultos y con amenazas de que si no hablaba se iban a llevar por delante a su madre, hermana y a toda su familia, que incluso en el día de hoy (...) uno de los policías le ha empezado a dar palmadas en la espalda llamándole cabronazo (...) y que a todo cerdo le llega su San Martín".