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UNA ENCUESTA DE LA UE REVELA QUE ESPAÑA ESTÁ A LA VANGUARDIA EN RETENCIÓN DE DATOS DE TELECOMUNICACIONES
Mercè Molist
A pesar de las protestas en España, Alemania, Gran Bretaña e incluso dentro de la burocracia europea, un cuestionario, encargado el pasado verano por la presidencia danesa de la Unión, revela que en todos los estados miembros se empiezan a aplicar los principios de retención de datos de tráfico de Internet contemplados por la recientemente aprobada Directiva sobre la Privacidad y Comunicaciones Electrónicas. España va a la cabeza.El cuestionario, que se publicó en la red la semana pasada, inquiere sobre diversos aspectos de la regulación y práctica en el almacenamiento de datos de los usuarios de telecomunicaciones (desde dónde se conectan a Internet, a qué horas, cuánto tiempo, dónde van, a quién envían mensajes, etc). Las respuestas de los gobiernos muestran que la mayoría están ya implementando la normativa, a pesar de las críticas de los Comisionados Europeos de Protección de Datos, que la consideran "una invasión de los derechos fundamentales garantizados a los individuos".
Todos los estados, excepto Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal, respondieron al cuestionario, que consta de siete preguntas. A la primera, "¿Su país cuenta con una legislación especial sobre retención de datos?", España dice: "Sí, para facturación, márketing y quejas del consumidor, además del artículo 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que prevee la retención de datos por razones de seguridad nacional e investigaciones criminales. En este caso, sólo se guardará la información necesaria para facilitar la localización del terminal empleado, sin afectar en ningún caso a la confidencialidad de las comunicaciones."
Sólo en Gran Bretaña, Irlanda y Holanda la aplicación de la Directiva está tan avanzada como en España. El resto discute aún la adaptación de sus leyes, que contemplan ya la retención de datos telefónicos. El tipo de información monitorizada es similar en todos los estados, así como el tiempo de almacenamiento, que oscila entre tres meses y tres años. En España, se guardan durante un año "el número de identidad del cliente, su dirección y tipo de terminal, número de unidades facturadas, número del cliente que recibe la llamada, tipo y duración de ésta, fecha, localización del terminal y fuente de los datos".
La orden judicial o fiscal es el procedimiento mayoritario en Europa para que las autoridades obtengan esta información, excepto en Irlanda, donde la orden puede venir de un jefe superintendente de la policía o un coronel del ejército, y en Suecia, donde es suficiente que lo pida la policía. En Alemania, proveedores, hospitales, hoteles y empresas estarán obligados a partir del 1 de enero a dar datos y monitorizar a sospechosos y quien se relacione con ellos, aunque no existe la obligación de guardar 'a priori' la información.
A la pregunta de si ha habido obstrucción a las autoridades por parte de los operadores, al no haber legislación, la mayoría responde afirmativamente. Bélgica dice: "No está claro qué datos deben retener y cuáles deben dar a las autoridades. Los principales problemas son: proveedores que evaden sus obligaciones legales instalando su infraestructura técnica en otras regiones geográficas; el uso anónimo en cibercafés y bibliotecas; las empresas que dan acceso a empleados y no retienen sus datos; las cuentas gratuitas que no requieren identificación; los ISPs virtuales que subcontratan a un proveedor; los 'proxies' que no graban datos; los anonimizadores y la no sincronización de los relojes de los proveedores".
Finlandia añade otra cuestión: "Los contactos internacionales. Recibir información de estados miembros es muy difícil, puede llevar años, o ser prácticamente imposible en terceros países". El diálogo gobierno-proveedores es fluído en todos los estados, donde la principal reticencia de la industria es quién debe pagar los costes del almacenamiento de datos. El gobierno italiano es el único que está barajando encargarse de una parte.
España responde a esta cuestión: "Hay conversaciones con las empresas y con los usuarios. Los proveedores no están familiarizados con los detalles del artículo 12 de la ley y han expresado sus reticencias frente al posible coste de guardar y procesar los datos. Han pedido la introducción de algún tipo de compensación económica o de impuestos. Consideran que esta obligación puede ser una barrera para los proveedores pequeños y un obstáculo para dar servicios gratuitos. De todas formas, quieren cooperar".
Respuestas al cuestionario de la UE
http://www.bof.nl/docs/data_retention_answers.pdf