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EL PARLAMENTO EUROPEO DESOYE LA PROTESTA DE INTERNET Y APRUEBA LA RETENCIÓN DE DATOS DE COMUNICACIONES

Mercè Molist
Más de 16.000 firmas de protesta, 40 organizaciones europeas de derechos digitales unidas por primera vez, la patronal de las telecomunicaciones en contra. Nada fue suficiente para evitar que, el pasado jueves, el Parlamento Europeo, con los votos de socialistas y conservadores, aprobase la nueva Directiva de Telecomunicaciones, que permite a los estados miembros grabar datos de tráfico de sus ciudadanos, sin autorización judicial ni un límite preciso de tiempo.

Según la nueva directiva, "los estados podrán disponer que los datos se conserven durante un plazo limitado justificado, para proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública o la prevención, investigación y persecución de delitos". Minutos después de la votación, se replicaba por los foros de la red un mensaje de Marco Capatto, parlamentario del Grupo Radical y artífice de la lucha, durante dos años, contra la directiva.

Capatto decía: "A partir de ahora, los estados europeos tienen autorización para imponer a las empresas de telecomunicaciones la retención y almacenamiento de todos los datos de las comunicaciones de sus ciudadanos, sean por teléfono fijo o móvil, Internet, datos de localización... Ana Palacio, del Partido Popular Europeo, ha trabajado duro para hacer prevalecer los intereses de la presidencia española, incluso yendo en contra de su propia comisión. Bélgica, Holanda, Alemania y Gran Bretaña trabajan ya en leyes que harán posible un régimen europeo de vigilancia masiva, instigado por Europol".

Según los socialistas europeos, "tales acciones se harán siempre bajo el marco jurídico comunitario y nacional. Así que en España es impensable legislar de forma que se eluda la tutela judicial". El PP, por su parte, reconocía a "El País" que "no será necesario el mandamiento judicial, pero sí el control judicial posterior".

Los llamados "datos de tráfico" no se refieren al contenido sinó a la duración de una comunicación, cuándo, desde dónde y a dónde se llama, con qué frecuencia, cuanto tiempo se está en Internet, qué sitios se visitan, de quién se reciben mensajes... Información que proveedores y compañías de telefonía guardan un corto tiempo, a efectos de facturación, y destruyen para no saturar sus bases de datos. La directiva no especifica quién pagará los costes de almacenamiento, lo que ha puesto a las empresas en su contra, junto a los grupos de usuarios.

La Internet española ha vivido la batalla con especial intensidad, inspirada por colectivos como CPSR-es, Mienten.com, Nodo50 o independientes como el profesor Arturo Quirantes: "El Consejo de Ministros de Justicia e Interior desea que todos estos datos sean guardados en gigantescos almacenes durante un periodo que puede ser de varios años. Ahora sólo pueden hacerlo caso por caso y con orden judicial, pero a los cuerpos policiales europeos les gustaría disponer de estos datos a voluntad, tanto para perseguir delitos concretos como para tenerlos a mano por si acaso.  Del 'os estamos vigilando' pasaríamos al 'os estamos grabando'".

Más de 800 españoles, un número sólo superado por Alemania (9.089), Austria (1.512), Francia (1.447) y Holanda (1.103), han participado en la campaña "Stop1984", que ha enviado más de 16.000 cartas desde quince países al presidente del Parlamento Europeo, donde se afirmaba: "El almacenamiento sistemático y preventivo de las comunicaciones puede minar derechos fundamentales de privacidad, protección de datos, libertad de expresión y presunción de inocencia. Aunque la lucha contra el terrorismo es un propósito legítimo, no debe justificar la erosión de los derechos más fundamentales de los estados democráticos".

Entre los firmantes, grupos europeos con cada vez más influencia en la red, como los instigadores, Global Internet Liberty Campaign, o Chaos Computer Club, Cyber-Rights & Cyber Liberties, Electronic Frontier Finland, FIPR, GreenNet, el capítulo europeo de la Internet Society, IRIS, Privacy International, Samizdat, Statewatch, APC, Computer Professionals for Social Responsability, XS4ALL, o los norteamericanos Electronic Privacy Information Center,  Free Software Foundation y Center for Democracy and Technology.

Junto al tratamiento de datos, la nueva directiva establece que sólo se podrá mandar correo electrónico comercial a quién lo haya pedido expresamente y la obligatoriedad para los sitios que operen con "cookies" (archivos de seguimiento) de avisar a los usuarios. Antes de finales de julio del 2003 los estados miembros deberán haber adaptado a su legislación las nuevas directrices.
 

Directiva de Telecomunicaciones
http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/oeil_ViewDNL.ProcedureView?lang=2&procid=4483
Stop1984
http://www.stop1884.com
CPSRes
http://www.spain.cpsr.org
Nodo50
http://www.nodo50.org
Mienten.com
http://www.mienten.com
Arturo Quirantes
http://www.ugr.es/~aquiran
GILC
http://www.gilc.org
EPIC
http://www.epic.org
Statewatch
http://www.statewatch.org
Bits of Freedom
http://www.bof.nl
Chaos Computer Club
http://www.ccc.de
Community Media Network
http://www.cmn.ie
Cyber-Rights & Cyber-Liberties
http://www.cyber-rights.org
Digital Rights
http://www.digitalrights.dk
Electronic Frontier Finland
http://www.effi.org
Foundation for Information Policy Research
http://www.fipr.org
Internet Society
http://www.isoc-ecc.org
IRIS
http://www.iris.sgdg.org
Privacy International
http://www.privacyinternational.org
Samizdat
http://www.samizdat.net
XS4ALL
http://www.xs4all.nl
Association for Progressive Communications
http://www.apc.org
Free Software Foundation
http://www.gnu.org
American Civil Liberties Union
http://www.aclu.org
Center for Democracy and Technology
http://www.cdt.org
 

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