MÁS INFOGUERRA Y MENOS ANONIMATO
 

Mercè Molist
Stevan D. Mitchell, fiscal jefe de la Oficina de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia norteamericano, estuvo la semana pasada en Madrid y Barcelona para hablar, en sendos colegios de abogados, sobre el cada vez más amplio campo de actuación de la ley en Internet. Mitchell llevaba un mensaje de unificación legislativa, más atención a los delitos de propiedad intelectual y aumento de la cooperación policial.

El fiscal traía también en su portátil un reciente estudio del gobierno norteamericano, "The Electronic Frontier: The Challenge of Unlawful Conduct Involving the use of the Internet", donde se aboga por "la necesidad de que las fuerzas de la ley puedan seguir a los usuarios que cometan delitos en la red", se advierte de las dificultades para la identificación que suponen las técnicas de anonimato, se insta a los proveedores de servicios a normalizar la "retención de datos" de sus usuarios y se mantiene la correlación "hacker" igual a criminal.

El discurso de Stevan D. Mitchel a los abogados no se alejó de éste, aunque aseguraba en un aparte al "Ciberpaís": "Es curioso que los 'hackers' están implicados sólo en las intrusiones a ordenadores y en ningún otro delito en Internet, ni pornografía, ni fraude..". El fiscal, especialista en propiedad intelectual y ex-miembro de la Comisión Presidencial para la Proteccion de Infraestructura Crítica, manifestó también estar "particularmente interesado por la posibilidad de que algún día los ordenadores sean usados como armas. En poco tiempo veremos su impacto económico, ataques a las comunicaciones en Internet que pueden ocasionar perjuicios económicos a las empresas, pérdida de confianza...".

Mitchel aseguró desconocer Enfopol (el proyecto europeo de interceptación legal de las comunicaciones en Internet), aunque afirmó con naturalidad que en Estados Unidos las fuerzas de la ley pueden mirar el contenido del correo electrónico, "siempre con mucho cuidado, con mucho respeto". Mitchell reconoció a regañadientes la importancia de una criptografía fuerte para la seguridad de la red y abogó por una mayor cooperación entre fuerzas de la ley, poniendo como ejemplo el grupo de cibercrimen del G8 donde, aseguró, "estamos 24 horas los 7 días de la semana". El fiscal tuvo también unas inflexibles palabras para el movimiento "hacktivista" (realizar acciones de protesta social por Internet): "No importa el componente político, el mensaje, cuando se pasa la línea de la libertad de expresión y se produce una intrusión, se molesta a alguien o hay pérdidas económicas, entonces es una actividad criminal".
 

"The Electronic Frontier: The Challenge of Unlawful Conduct Involving the Use of the Internet"
http://www.cybercrime.gov/unlawful.htm